Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, con ocasión de la inauguración del foro Nueva Agenda Urbana, Desafíos y Compromisos de Chile en Habitat III
9 de enero de 2017
Santiago de Chile
(Museo de Artes Visuales, MAVI)
Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo,
Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas,
Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente,
Autoridades nacionales, locales y comunales,
Representantes de organizaciones sociales y del mundo académico,
Colegas del Sistema de Naciones Unidas,
Señoras y señores invitados,
Amigas y amigos,
Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación de Paulina Saball a participar en este interesante foro. Es para mí un placer y un honor reflexionar y analizar con ustedes los desafíos que nos impone la Nueva Agenda Urbana, aprobada en Habitat III en Quito, que guiará por los próximos veinte años nuestros esfuerzos para avanzar hacia un urbanismo sostenible con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos.
Desde la perspectiva regional enfrentamos una suma de desafíos relevantes y de urgente atención y solución.
El primero de ellos apunta a destacar que una nueva agenda de desarrollo urbano sostenible en América Latina y el Caribe es fundamental para el desarrollo nacional de los países y para el futuro sostenible de la región.
Más del 80% de la población de nuestra región vive en ciudades y dos de las ciudades más grandes del mundo, con poblaciones que superan los 20 millones de habitantes, se encuentran en nuestra región: Sao Paulo y Ciudad de México. Otras dos superan los 10 millones de habitantes: Río de Janeiro y Buenos Aires.
En segundo lugar, América Latina y el Caribe se caracteriza por una sobre transición urbano demográfica. La transición urbana ha conllevado una disminución importante del ritmo de la migración rural-urbana, mientras que la transición demográfica a traído consigo una disminución de las tasas de crecimiento de la población y envejecimiento de la población. A esto se ha sumado una alta concentración económica, poblacional y administrativa en pocas y grandes áreas metropolitanas.
En tercer lugar, los nuevos patrones de producción, distribución y consumo, sumados a antiguos desafíos estructurales en las economías urbanas, dificultan la inclusión económica y el acceso universal a los beneficios del desarrollo urbano.
El intenso proceso de urbanización que ha caracterizado a la región y que ha derivado en altos niveles de población urbana, trajo consigo también altos fenómenos de desigualdad que se han traducido en una gran segmentación social.
Un cuarto tema señala el aumento de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, que tiene impactos socioterritoriales desiguales. Adicionalmente, crece la huella ecológica producto de la presión de los patrones de producción, distribución y consumo.
Finalmente, se observan avances importantes en el reconocimiento de la ciudad como un macro bien público, al mismo tiempo que persisten debilidades institucionales para el manejo del desarrollo urbano sostenible y la materialización del derecho a la ciudad.
Y es que si bien las ciudades y los asentamientos humanos son considerados centros de oportunidades y crecimiento, también lugares donde se refleja la segregación socio espacial, las condiciones de vida deficitarias y la vulnerabilidad social, ambiental y económica, que afectan al bienestar de grandes segmentos de la población de América Latina y el Caribe.
En este escenario, y con la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible como hoja de ruta, nuestra región debe sacar a más de 70 millones de personas de la indigencia en los próximos 15 años y alcanzar mayores niveles de igualdad con crecimiento inclusivo, más productividad y trabajo decente, movilizando un financiamiento tradicional e innovador, público y privado, y logrando la progresiva descarbonización de los patrones de producción, consumo y urbanización.
Vemos cómo nuestro principal desafío ya no es resolver los problemas de la rápida transición de las zonas rurales a las zonas urbanas, sino mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas de la desigualdad y lograr la sostenibilidad de nuestras ciudades.
Y es por esto que debemos formular e implementar desde ahora medidas y políticas para innovar con miras a la implementación efectiva, profunda, pero también urgente, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, pactos que, junto a la Agenda de Acción de Addis Abeba, sientan bases sin precedentes para la adopción de un nuevo estilo de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad en el centro.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que marcaron la agenda hasta 2015, enfatizaron en el seguimiento de asuntos de gran relevancia en las ciudades como la cobertura de agua potable y saneamiento, que en América Latina y el Caribe alcanzan porcentajes importantes en el ámbito urbano.
Sin embargo, cuestiones como la congestión, el uso del tiempo, la calidad del espacio público, la cobertura y calidad del transporte público, e incluso los distintos tipos de contaminación en aire, agua y suelos, o bien se miden esporádicamente, o están dispersos en múltiples fuentes o no se reportan.
En este sentido, se hace necesario comprender que la calidad de los servicios públicos son componentes claves del bienestar que se suman al ingreso familiar y a la seguridad social.
Frecuentemente escuchamos que la región es baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es cierto en el agregado: Pocos países de la región emiten arriba del 1% mundial. Sin embargo, las emisiones actuales asociadas a los contaminantes locales en ciudades ya rebasan, en algunos casos varias veces, las normas de salud.
Como decía anteriormente, las ciudades son fuentes de elementos positivos importantes por la cercanía de talentos, de capacidades, de infraestructura, de productores y consumidores. Pero ya se advierten en la región riesgos a estas ventajas, como los crecientes tiempos de transporte, la pérdida de productividad que ello conlleva, los mayores costos para contener o compensar los daños por contaminación. En este sentido la orientación de la inversión pública y privada es crucial para el futuro de las ciudades. Optar por cambiar los usos del suelo tiene repercusiones positivas sobre la actividad privada, pero tiene costos para el sector público en materia de infraestructura y conectividad, que deben ser financiados. Por tanto, la forma en que se privilegie una opción sobre otra tendrá duraderas consecuencias sobre el desempeño de las ciudades.
Es muy conocido el caso triste de vivienda popular construida en lugares de difícil acceso que finalmente es abandonada y en ocasiones robada, por no ser parte de la trama urbana.
En la Primera Conferencia Habitat, realizada en Vancouver, en 1976, el tema central fue lo social y los gobiernos comenzaron a reconocer la necesidad de asentamientos humanos sustentables y las consecuencias de la urbanización acelerada, especialmente en los países en desarrollo. Veinte años más tarde (1996), en Estambul, Turquía, los líderes del mundo adoptaron la Agenda Habitat como plan de acción para vivienda adecuada para todos con la noción de asentamientos humanos sustentables liderando el desarrollo en un mundo urbanizado.
En octubre pasado, en Quito, Ecuador, la Conferencia Habitat III trató el tema de la economía urbana y la sostenibilidad a través de la adopción de la Nueva Agenda Urbana.
En este escenario, optar por ejemplo, a la mejora radical del transporte público tendrá consecuencias importantes sobre el uso de los vehículos en las ciudades y sobre los corredores que estructuran la trama urbana. Inversiones estructurantes con mirada de largo plazo, que consideren el cambio climático, el envejecimiento, la inclusión, la creciente congestión y la salud humana, se vuelven críticas en la Nueva Agenda Urbana.
Del mismo modo cobra importancia el financiamiento de esas inversiones mediante pactos nacionales con las ciudades, mediante revisiones fiscales, que permitan el retorno a las finanzas públicas de los cambios de valor en los activos urbanos que genera la obra pública, y que no se disipen solamente en rentas privadas que no ayuden a la mejora de la calidad de vida urbana.
Respecto a la inversión y la fiscalidad, estas deben ser vistas en sus distintas facetas, como sistemas que tienen repercusiones sobre las generaciones presentes y futuras y como tal deben ser evaluadas. Las divisiones disciplinarias que excluyen dimensiones en las evaluaciones de proyectos, deben ser mejoradas para sopesar los efectos sistémicos de las decisiones que conformarán la infraestructura urbana en los años por venir.
Otro problema de difícil solución es la aplicación de políticas públicas coherentes entre distintas administraciones territoriales que cubren una misma ciudad y entre las que se produce competencia normativa hacia abajo en términos de fiscalidad y de política ambiental, por ejemplo. La región tiene algunos modelos de gestión e instrumentos que no han sido aplicados a su total potencial. Este es un tema a fortalecer.
En materia de inversiones, algunas de estas son clave del desarrollo urbano, de su estructura y de la calidad de vida. Entre ellas se cuentan el transporte público, muchas veces de difícil gestión en las ciudades de la región, pero que tiene importantes contribuciones positivas potenciales para la inclusión social, la dinamización de la economía y para una menor huella ambiental tanto local como con relación al calentamiento global (38% de las emisiones urbanas de gases de efecto invernadero son atribuidas al transporte versus un 17 que es atribuida a la industria).
Otro ejemplo paradigmático de positivas repercusiones en los tres pilares de la sustentabilidad es el adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos, que son fuente de dinamismo económico pues generan nuevas fuentes de energía, mejoran la calidad de vida de los vulnerables y reducen la huella ambiental local y global.
Un tercer ejemplo es la profesionalización del sector del cuidado, inclusivo por definición, que hoy recae como una tarea no remunerada sobre las mujeres en su mayor parte y que es imprescindible para la reproducción de la sociedad, y de baja huella ambiental.
No debemos olvidar que en América Latina y el Caribe, el 49,7% de las mujeres mayores de 15 años participan en las actividades económicas urbanas frente al 72,8% de los hombres y el 28% de las mujeres en las zonas urbanas no tienen su propia fuente de ingresos, comparado con el 12,7% de los hombres (CEPAL 2016-box DAG III. 3 Informe regional).
Amigas y amigos,
Materializar la Nueva Agenda Urbana puede llegar a tener componentes tecnológicos altamente sofisticados, como el uso de percepción remota, grandes datos y sensores para la mejora de la gestión urbana (smart cities). Pero los principales déficit están aún en cuestiones básicas y de tecnología disponible, como el transporte público, espacio público, agua, saneamiento, cuidado, y accesibilidad a vivienda adecuada. Lo sofisticado de esta agenda es la coordinación, la sinergia, la visión y la voluntad. Y la información oportuna y significativa para el seguimiento de la agenda. Dar seguimiento a la Nueva Agenda Urbana implica la creación de grupos de trabajo en torno a los temas como gobernanza, fiscalidad, orientación de la inversión pública, regulación ambiental y medición, por mencionar algunos.
En esa línea, la CEPAL ha comprometido su apoyo al Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) para la implementación de la Nueva Agenda Urbana a partir de ocho desafíos del desarrollo sostenible en la región: la desigualdad, baja productividad, informalidad laboral, escasa capacidad de recaudación fiscal, insuficiente inversión en infraestructura, falta de integración territorial, inseguridad y criminalidad, y la exposición a los efectos del cambio climático.
El derecho a la ciudad, un elemento importante de la Nueva Agenda Urbana, se materializa cuando los bienes públicos que la conforman son producto de la participación, son de alta calidad y sinérgicos y su interacción hace de las ciudades un macro bien público para todos sus habitantes.
Muchas gracias.
